Limitación taxativa del artículo 350 del CPP para absolver acusación en procesos por crimen organizado y el derecho de defensa, año 2022-2023

Abstract

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado la limitación taxativa del artículo 350 del Código Procesal Penal, que establece un plazo uniforme de diez días hábiles para que la defensa técnica absuelva el requerimiento acusatorio en la etapa intermedia. Este plazo, diseñado para procesos ordinarios, resulta insuficiente en los procesos de crimen organizado, caracterizados por una elevada complejidad reflejada en la pluralidad de imputados, la multiplicidad de delitos, el volumen considerable de medios probatorios y la participación, en algunos casos, de mecanismos de cooperación internacional. El estudio, desarrollado en el marco de los años 2022–2023, tiene como objetivo principal determinar la relación existente entre esta limitación normativa y la afectación del derecho de defensa. Asimismo, se analizan problemas específicos vinculados con la insuficiencia del plazo frente a la complejidad procesal, la ausencia de criterios uniformes para la ampliación del plazo y la necesidad de incorporar estándares constitucionales e internacionales que permitan establecer plazos diferenciados. La investigación adopta un enfoque cualitativo, dogmático–jurídico, hermenéutico y comparado, con diseño no experimental y documental. El análisis se sustenta en legislación, doctrina especializada, jurisprudencia nacional e internacional y experiencias comparadas de sistemas jurídicos como Colombia, España y Chile. Entre las principales conclusiones se establece que existe relación directa entre la limitación del artículo 350 CPP y la afectación del derecho de defensa en procesos por crimen organizado, lo que hace necesario modificar la norma para permitir la ampliación al plazo de 30 días hábiles, según la complejidad del caso y mediante resolución judicial motivada. Finalmente, se proponen soluciones en tres niveles: legislativo, mediante la reforma del artículo 350 CPP; institucional, a través de protocolos y lineamientos del Poder Judicial y el Ministerio Público; y social-académico, promoviendo la capacitación, la investigación y el debate sobre plazos procesales y derechos fundamentales en el sistema de justicia penal.